El laboratorio 'amazónico' de cocaína desmantelado en Albalat del Tarongers se salda con 53 años de cárcel

Los vecinos de Albalat dels Tarongers amanecieron el 21 de enero de 2019 con la noticia de que en su monte, concretamente en la partida Cabeç Bort, aislado bajo pinos en las estribaciones de la urbanización, un clan albanés, con ayuda de varios españoles, había montado un auténtico laboratorio de producción de cocaína como los que fabrican el codiciado polvo blanco en la selva amazónica para llevarlo por todo el mundo. Ahora, la Audiencia Nacional ha cerrado el caso condenando a seis de los once detenidos por la Policía Nacional en aquel momento, entre ellos a los dos máximos responsables de la organización, ambos albaneses, con una condena global que suma 53 años de cárcel y 260 millones de multa.

Ellos dos, los cabecillas deberían ser los que más condena se hubiesen llevado, pero no ha sido así porque ambos han admitido los hechos, lo que les ha valido una importante rebaja de la pena que inicialmente pedía la Fiscalía antidroga. Gracias a ese beneficioso acuerdo, cada uno de ellos ha aceptado 10 años de cárcel y 20 millones de multa. 

No son los únicos que han pactado con la Fiscalía. También han aceptado los hechos tal como los relataba la acusación pública el empresario gallego que canalizaba la importación de los contenedores con la harina de palmiste que usaron para camuflar la pasta base de coca; el ‘contable’ de la organización, que también ayudó en la compra y traslado de los productos químicos para la extracción de la pasta base y su posterior cristalización en clorhidrato de cocaína (el polvo blanco listo para su consumo); y el sobrino del segundo jefe, que, como tal, tenía funciones de alta confianza de los cabecillas y a quien el tribunal juzgador considera un «asistente multifuncional» porque hacía un poco de todo y supervisaba lo que hacían el resto de integrantes de la trama.

El laboratorio de Albalat dels Tarongers iba a fabricar tres toneladas de cocaína

Los dos primeros, ambos españoles se han conformado con 7 años de condena el empresario y con 8 el contable, mientras que el tercero, albanés como su tío, también ha aceptado 7 años de cárcel.

El que peor parado ha salido es el empresario logístico, el transportista de la red. No quiso alcanzar un pacto y ha acabado condenado a 11 años de cárcel, uno más que los jefes, y a pagar 40 millones de multa, el doble que cualquiera de los otros cinco condenados.

La empresa tóxica del gallego, condenada

Además, la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que celebró el juicio contra estos cinco condenados y otros dos más que han sido absueltos, ha impuesto una multa de 120 millones de euros a la empresa creada por el gallego para traer 13 contenedores con harina de palmiste desde Suramérica, en tres oleadas distintas «con la finalidad de crear una sólida ruta de importación de mercancía lícita» y conseguir «un importante incremento del volumen de facturación.

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Los primeros cuatro contenedores llegaron limpios. Fue en la segunda oleada, el 21 de noviembre de 2018, cuando entró el que llevaba los casi 800 kilos de pasta base de coca mezclada con el desecho de palmiste, junto con otros dos que no llevaban droga. Y seis más posteriores que tampoco llevaban más que harina. Todos ellos entraron por el puerto de Marín (Pontevedra), desde donde fueron llevados primero a Madrid y, desde allí, a la casa alquilada en Albalat del Tarongers por orden de los dos cabecillas, que residían en un chalé de lujo en una urbanización de alto nivel de la malagueña Costa del Sol.

8.500 litros de 'venenos' en bidones

Entre agosto y diciembre de ese año, los ya condenados compraron los productos químicos para separar la harina de la pasta base y para transformar esta en clorhidrato de cocaína, productos que fueron transportados en furgonetas y en una autocaravana, todo ello alquilado, desde Madrid a Albalat. Allí intervinieron los agentes de la Udyco central 8.500 litros de distintas sustancias altamente tóxicas –acetato de etilo (el antiguo éter de vinagre), hexano (un derivado del petróleo que se usa como disolvente), ácido clorhídrico (salfumán), ácido sulfúrico, amoniaco, butanona, isopropanol (un alcohol de desinfección y limpieza en electrónica)– que se usan en la extracción y, sobre todo, en la fabricación de la cocaína tal como llega a quienes la consumen. Con esa cantidad de producto, podrían haber fabricado unos 3.000 kilos de cocaína, según estimó en su momento la Policía Nacional en la nota de prensa en la que informaba de la Operación Lima-Avocado.

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Para llevar a cabo esas labores, la organización envió desde Colombia tres ‘químicos’ o 'cocineros', especialistas en este tipo de procesos, dos de ellos para extraer la pasta base y el tercero, para convertir esta en clorhidrato de cocaína. La red alquiló para ellos un piso en Seseña (Toledo) mientras se montaba el laboratorio, al que finalmente se trasladaron a principios de enero de 2019 para iniciar la producción de droga, hecho al que esperaron los investigadores para intervenir y detener a todos los implicados.

De los ocho procesados que llegaron a juicio, celebrado en diciembre pasado en la Audiencia Nacional, dos han logrado ser absueltos por falta de prueba: uno de los albaneses detenido, a quien la trama alquiló un piso en el Puig para dirigir desde allí el montaje del laboratorio, y una mujer colombiana, a quien la Policía Nacional y la Fiscalía atribuía labores de ‘notaria’, esto es, de supervisora de la llegada y elaboración de la droga a sueldo del cártel de Colombia a quien los albaneses habían comprado la materia prima, función que pocas veces se encomienda a una mujer.

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