El levantamiento de las restricciones y, por extensión, la vuelta a una cierta normalidad en el tejido asociativo de la ciudad ha puesto nuevamente en primera página la incompatibilidad que suponen las restricciones al tráfico rodado con la vida en los casales falleros y en cualquier otra sede de tipo cultural o recreativo.
Han sido las comisiones de falla las que más han movido el tema, porque el problema afecta a más cantidad de sus componentes, pero en el problema están involucrados altares vicentinos, comisiones de fiestas de la zona, parroquias y entidades culturales civiles.
La cuestión es muy sencilla: Ciutat Vella tiene una gran cantidad de población que es «participante», pero no «residente». Muchos falleros de las comisiones son gente que tiene su origen en cualquiera de los barrios de la zona pero que, tras el paulatino cambio urbanístico en el centro de la ciudad, se desplazaron a vivir en otras zonas de la ciudad. Pero que siguen perteneciendo a sus comisiones de toda la vida.
Ahora ya han llegado las cámaras del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, que entraron el lunes 18 de octubre en funcionamiento de manera informativa. Durante este período, el consistorio avisará a los vecinos y visitantes de la zona del cierre parcial del tráfico de algunas de las calles de la zona. Esta fase terminará el próximo 1 de diciembre, cuando se iniciarán las sanciones económicas, que podrán alcanzar los 60 euros. Esto significa que ya no es tan fácil acudir al casal, tanto para las juntas generales como para cualquier evento que se celebre en ellas.
Así lo ha denunciado el concejal del PP Santiago Ballester, asegurando que este cierre parcial «va a poner en peligro las actividades que durante todo el año se realizan en los casales y que son las que mantienen vivas las comisiones». Tan sólo se conceden dos autorizaciones para directivos. Algo que considera «claramente insuficiente».
Ballester se reunió ayer con los representantes de las tres agrupaciones de fallas de Ciutat Vella: Carmen, Seu-Xerea-Mercat y Pilar-Sant Francesc. Para la primera, la medida es claramente perjudicial, porque es la zona más blindada por las cámaras. Seu-Xerea-Mercat tiene ya una importante parte de sus comisiones con problemas de acceso. Y Pilar-Sant Francesc se salva, pero sólo de momento, ante la posibilidad de que las restricciones se extiendan a la zona sur del distrito.
Pagar por ir a ensayos
Ahora mismo, así, para acudir a un casal sólo queda como posibilidad ir en autobús «algo que no puedes hacer en una junta general que es nocturna» o los aparcamientos de pago «con lo que cada reunión o asistencia a un evento te cuesta, además, un dinero extra. ¿Cómo se puede hacer un ensayo de teatro si cada vez que vas te cuesta cinco, siete o diez euros?» explicaba el presidente de Seu-Xerea-Mercat, Tono Fagoaga.
Las restricciones por parte del concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi ya le llegaron a las fallas con la prohibición de aparcar en el carril bus en horario nocturno. Ahora es mucho más. Para una población de unos 7.300 falleros de los que menos del 16 por ciento residen en esas calles. Lo que obliga a un desplazamiento que, por lo general, no lesiona al tráfico al realizarse en horas sobre todo nocturnas o de fin de semana. «Las fallas del Carmen pidieron aparcar en el puente de les Arts y no se les deja». Y todo esto se nota en lo que se llama «vida de casal». «El descenso de asistencia a las juntas es acusadísimo. El miedo a las cámaras lo va a empeorar. Y no tenemos que engañarnos: el Zoom no es vida para ninguna asociación. Ni para las Fallas ni para ninguna otra. Eso es para una circunstancia extraordinaria. Fallas es reunión, asociación, contacto entre las personas» asegura Fagoaga. «Al concejal de movilidad se le ha trasladado varias veces la problemática y seguimos esperando», cuenta.
El edil Ballester exige al de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que «como presidente de la Junta Central Fallera, hable con su compañero de partido». El PP va a solicitar en una moción la paralización del proceso sancionador que empieza el 1 de diciembre y que se habilite una solución a esta población flotante.
