No ha sido una guerra mundial, ni un presidente megalómano. El responsable del primer cataclismo geopolítico de escala planetaria es un paquete microscópico de material genético que mide una milésima parte de un cabello humano. Ha pasado un año desde que adquirió el rango de pandemia y los analistas siguen sin ponerse demasiado de acuerdo sobre cuál será el alcance de su legado. Son pocas las certezas, más allá de la constatación de que el mundo asiste al comienzo de una nueva era marcada por el desplazamiento del eje de poder hacia Asia. En el terreno europeo, las luces predominan sobre las sombras: la puesta en marcha de un programa de recuperación inédito sitúa a la organización comunitaria en una buena posición para salir reforzada en el universo postcovid, después del seísmo que ha removido los cimientos sobre los que se asentaban los viejos dogmas neoliberales. Más escépticos y pesimistas se muestran los expertos respecto a la dimensión de los cambios que deparará la catarsis del coronavirus en la gobernanza española.
Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, habla de una «oportunidad perdida» para profundizar en la descentralización territorial del poder y en el campo de la gestión compartida entre autonomías, uno de los pilares de un «estado funcionalmente federal» como el español. Para Mª Josefa Ridaura, catedrática de Derecho Constitucional, la crisis ha aflorado fisuras importantes en el funcionamiento del Estado autonómico. Su evaluación es clara: «La gravedad de la situación demandaba una respuesta más cohesionada. Ha faltado liderazgo y, en muchas ocasiones, las directrices no han sido suficientemente claras y coherentes». Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria se celebraron 16 conferencias de presidentes autonómicos, cuatro veces más de las convocadas desde el inicio de la creación de este instrumento, que Romero señala como pieza clave para evitar contradicciones y brindar la máxima seguridad jurídica en un estado compuesto. Desde agosto, sin embargo, las sesiones han brillado por su ausencia. La cogobernanza se ha derivado al consejo interterritorial de Sanidad, un órgano sin competencias ejecutivas que solo puede establecer recomendaciones. El resultado, a juicio del exconseller, es una «sensación de descoordinación» que puede mermar la confianza ciudadana, erosionando el capital simbólico de las instituciones y la propia idea del estado autonómico. Un ejemplo es la disparidad de criterios sobre el cierre de comunidades en Pascua. Tampoco se ha pergeñado aún un mecanismo de cogobernanza potente para abordar la gestión de los fondos de recuperación de la UE de forma pactada: el último consejo de política fiscal de Hacienda acabó sin acuerdo sobre el reparto.
Ridaura coincide en la existencia de un «desconcierto competencial» en gran medida provocado por el «anacrónico marco normativo regulador del estado de alarma», que «no ha podido dar una respuesta adecuada a la grave situación ». La especialista observa con preocupación los episodios de ausencia de colaboración leal, uno de los principios esenciales del estado autonómico. Subraya también que no se han convocado conferencias sectoriales clave como el consejo territorial de Servicios Sociales. La catedrática aboga por fortalecer con urgencia los instrumentos de colaboración horizontal y vertical, tanto entre los órganos centrales del estado y las comunidades, como entre las autonomías entre sí. El objetivo, hoy por hoy casi utópico, pasa por erigir la solidaridad y la lealtad en los ejes axiales que han presidir las relaciones entre las distintas instancias de poder. Todavía queda mucho camino por recorrer.
Roberto Viciano y Carlos Flores Juberías, también catedráticos, sintonizan en la predicción de que la pandemia no va a reforzar el estado descentralizado, sino que podría afianzar la tendencia contraria entre la opinión pública. «La mayoría de la población no ha entendido que haya 17 maneras diferentes de enfrentar la pandemia, cuando el virus no conoce de fronteras», indica el primero. «El Gobierno está más preocupado por la gestión del día a día, y por su propia supervivencia política, que por adoptar medidas a largo plazo», apunta el segundo. Flores Juberías ve muy lejana la posibilidad de articular cambios efectivos y de calado en la arquitectura institucional del estado cuando «ni siquiera se ha querido abordar la reforma de normas cuya insuficiencia ha quedado patente».
Si se alza la mirada sobre el tablero europeo, las conclusiones son distintas. «La gente se habrá dado cuenta de qué hubiera sido de España sin los fondos de reconstrucción y sin una compra centralizada de las vacunas», observa Viciano, especialista en el engranaje normativo comunitario. «La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la Unión y de transitar hacia un estado federal fuerte. Pero eso no lo van a hacer los gobiernos si no existe una presión ciudadana», incide. En la misma idea profundiza Flores Juberías, experto en gobernanza internacional: para aquellos que abogan por el aislacionismo, la actual coyuntura es un constante recordatorio de que la integración europea tiene muchas más ventajas que inconvenientes. «No puedo ni imaginarme la suerte que habría corrido nuestro país si hubiera tenido que negociar directamente con las grandes farmacéuticas el suministro de vacunas, en un contexto de enorme competitividad e incertidumbre», mantiene. «Hallarnos bajo el paraguas de la UE nos ha permitido encarar esta negociación en una posición de fuerza que no habríamos disfrutado solos», remacha.
Pese a los augurios iniciales, Joan Romero subraya que Europa ha sabido mantenerse unida gracias a un cambio radical en la manera de enfocar la crisis respecto a la recesión de 2008. Pero no todo es halagüeño. Para el catedrático, la organización comunitaria ha pecado de ingenuidad geopolítica y de indolencia, por su «imprevisión» a la hora de concretar los compromisos para garantizar el abastecimiento de vacunas, en un momento en el que comienzan a aparecer «síntomas muy preocupantes de desunión», no solo por parte de los países de la antigua órbita comunista, sino también de otros como Dinamarca o Austria, que intentan poner en marcha sus propias estrategias de vacunas. El profesor echa en falta un mayor impulso para activar una auténtica política social que minimice los riesgos de grandes fracturas ante una salida de la crisis que puede aumentar las desigualdades. A su juicio, debería haberse adoptado una mirada «mucho más generosa y clara respecto a los países en desarrollo». «La UE tendría que ser mucho más asertiva en este nuevo mundo bipolar entre China y EE UU: tiene que querer constituirse en el tercer espacio geopolítico», mantiene Romero, que señala a modo de contraste los movimientos de China y Rusia para expandirse y afianzar su peso en África o América Latina utilizando la pandemia y las vacunas como palanca. «La Unión no ha estado a la altura en la búsqueda de acuerdos ni de puentes. Ha primado un reflejo mas egoísta que solidario», ahonda. Un sálvese quien pueda peligroso. A juicio de Flores Juberías, ha quedado en evidencia la urgencia de articular un poder común europeo fuerte que exige «reformas estructurales» en la gobernanza, comenzando por la desaparición de las decisiones por unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno en el seno del Consejo Europeo, que «lastran decisiones que deberían ser más rápidas». Rosa Roig, profesora de Ciencias Políticas, es más cauta sobre los cambios políticos a escala comunitaria. «El futuro de Europa depende del tiempo que transcurra hasta que las vacunas lleguen a la mayoría de la población y de la gestión de la crisis socioeconómica que ha venido con la pandemia», en un momento de parálisis de la sociedad globalizada. «Los retos a los que nos enfrentamos son globales y, si Europa no va unida, sus estados miembros no podrán resolverlos por sí solos», sentencia la politóloga.
