Consternación, decepción y una buena dosis de enfado. Es el clima que reina en Presidencia de la Generalitat cuando se pregunta por el contrato programa de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt. Este texto es la guía general que rige la actividad del ente, sus objetivos y las líneas básicas de su desarrollo, desde cuánta audiencia esperan tener a cuánto se debe ingresar por publicidad.
La radiotelevisión lleva más de un año funcionando sin el apoyo de esta guía. Debía haberse aprobado hace 12 meses para el trienio 2021, 2022 y 2023 y, sin embargo, el tiempo ha pasado y el contrato programa sigue caducado. Tanto es así que cuando se apruebe tendrá que hacerse sobre el rescoldo del ya terminado 2021, un motivo que ha hecho que se tantee desde À Punt la posibilidad de dejarlo en blanco, opción rechazada desde el Consell ya que este documento "es un mecanismo de rendición de cuentas".
La semana pasada el Consell Rector, el órgano que dirige el servicio público, envió el hasta ahora último borrador a Presidencia. El problema es que podría necesitar en breve a un sucesor porque el redactado no acaba de convencer. No sería, tampoco, el primer documento llegado al Palau desde la sede del ente en Burjassot que tiene que tomar el camino de vuelta con el sello de rechazado.
El Consell considera que si no se retransmiten las misas esa potencial audiencia se irá a cadenas privadas
El principal escollo entre ambas partes está en la retransmisión de las eucaristías en À Punt. Las misas volverán a emitirse en la televisión valenciana el próximo domingo, tras un informe del Consejo de la Ciudadanía que valoraba su regreso, pero la cuestión no está solucionada ni las aguas fluyen en el mismo sentido en las dos partes de la negociación.
Presidencia defiende que las misas han de estar garantizadas en el contrato programa. Es una idea estratégica, una fórmula que creen que ha funcionado durante el confinamiento, que se demostró tras las quejas recibidas cuando se eliminó la retransmisión tras finalizar las restricciones de asistencia presencial a estas y que permite asentar a una audiencia que sino se irá a canales privados que sí que las ofrecen.
En la dirección de À Punt se han mostrado más reacios en este sentido y su borrador del último contrato programa es una buena muestra de ello. En este se menciona la necesidad de incluir la sensibilidad hacia el hecho religioso, pero sin aterrizar en algo concreto como son las misas ni siquiera hacia la religión católica, la audiencia prototípica de la cadena, un hecho que ha molestado en la parte negociadora de la Generalitat que quiere un compromiso más concreto.
Fuentes de Presidencia, no obstante, señalan que este es solamente uno de los puntos que generan fricción y que la tensión ha ido in crescendo en los últimos meses al no obtener avances. También influye, como casi siempre, el factor económico. En este caso, el litigio que mantiene la televisión con la Agencia Tributaria por la devolución del IVA, que ha supuesto un agujero de 10 millones de euros en el ente, y el choque provocado por los presupuestos para 2022 cuando el Consell congeló la partida para el próximo año, con el consiguiente enfado del ente.
Finalmente, los tres partidos del Botànic aprobaron una enmienda para incrementar la partida presupuestaria para fomentar el sector audiovisual valenciano mientras que la Generalitat aceptaba asumir toda la deuda que generara la radiotelevisión pública igual que hace con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. A eso se añadió el pago de 8 millones de euros en facturas a través del FLA.
