El cierre de Canal 9 ha situado de nuevo en el ojo del huracán y en el centro del debate político la conveniencia o no de los canales autonómicos en una coyuntura de crisis económica y de caída generalizada de ingresos públicos.

El día que Radiotelevisió Valenciana (RTVV), que había acumulado más de 1.000 millones de deuda en 24 años de existencia, baje definitivamente la persiana se convertirá en la mayor máquina de finiquitos en el panorama audiovisual español. Ninguna otra cadena se le acerca. Ni se espera tampoco que así sea en el plazo medio, porque las grandes corporaciones están planteando redimensiones de plantilla, pero ponderadas.

Solo Telemadrid podría irle a la zaga, si el presidente de aquella comunidad, Ignacio González, cumple la amenaza de cerrar también la empresa en el caso de que el Tribunal Supremo estime los recursos de los trabajadores y anule el ERE que eliminó 861 puestos de empleo (de un total de 1.170). A diferencia de RTVV, los tribunales declararon improcedente en primera instancia el despido colectivo en la corporación madrileña de televisión, pero no nulo.

Es significativo el caso de Telemadrid porque su ERE parecía cortado con el mismo patrón que el de Canal 9. En ambos casos, suponían laminar al 73% de las plantillas. La coincidencia invita a pensar que el ideólogo de estas actuaciones puede tener sobre la mesa el diseño de un mismo final para la corporación madrileña, que arrastra una deuda de 78 millones.

Estos datos representan que de los 3.142 puestos de trabajo perdidos en las televisiones autonómicas, el 52% corresponderá a RTVV, que hace poco más de un año era la segunda televisión autonómica por volumen de plantilla, detrás de Cataluña (2.642 personas) y con una cifra de empleados pareja a la de Canal Sur (Andalucía).

El panorama de las televisiones autonómicas está dividido en dos grupos bien diferenciados: las históricas, nacidas normalmente con el objetivo de difundir la otra lengua oficial (además del castellano) de las autonomías, y las jóvenes, surgidas por emulación y para equipararse con aquellas. En el primer bloque estarían TV3, ETB, TVG, Canal 9 y también Canal Sur y Telemadrid, pese a no estar vinculadas a un idioma propio. En el segundo estarían las cadenas de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares, Asturias o Aragón, entre otras.

La diferencia de estructura entre unas y otras es más que notable. Las primeras han acumulado volúmenes de plantilla muy superiores. También su modelo de funcionamiento es 100% público „con subcontratación, eso sí, de producciones a la iniciativa privada„, mientras que en las jóvenes hay diversidad de experiencias de funcionamiento: desde las que su gestión ha sido cedida al completo a una empresa privada (Extremadura), a las que tienen un modelo mixto, de modo que solo conservan los informativos bajo el paraguas de lo público y el resto lo externalizan en bloque o por paquetes (Aragón, Murcia o Canarias).

1.491 millones de deuda en 2013

Todo ello se nota en los presupuestos. Mientras Cataluña aporta 225 millones en 2013 para la Corporació Catalana de Mitjans, Murcia solo pone 7,5, Asturias 19,5 y Extremadura, 24,8, por citar las que menos. En total, la aportación pública este año para las televisiones autonómicas asciende a 910 millones. No obstante, la cifra se refiere a los presupuestos de partida, modificados habitualmente para inyectar fondos con los que compensar pérdidas. En total, la deuda financiera de las cadenas autonómicas en 2013 alcanza los 1.491 millones. De ellos, casi el 75 % corresponde a la heredada del viejo ente RTVV, que cerró con 1.099 millones (a ellos se le suman otros 200 que adeuda a proveedores).

En ese contexto hay que colocar la amenaza de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (PP), de privatizar la televisión de la comunidad que gobierna. Hasta ahora dice que no lo ha hecho porque no ha encontrado interés de ninguna empresa dado el momento de recesión.